Sobre una de las calles principales de Managua, los médicos Blanca Cajina e Irving Escobar fueron colocados bocabajo en el pavimento. Eran las 10 de la mañana y algunos conductores que circulaban por la carretera a Masaya tomaron fotografías y videos donde se ve a policías golpeándolos.

En la última semana el gobierno de Daniel Ortega desató una cacería para arrestar a ciudadanos que participaron o apoyaron las protestas contra el Ejecutivo, que iniciaron en abril. “Es una cacería contra todas las personas que no están de acuerdo con el gobierno”, indica Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los médicos que fueron arrestados era un matrimonio que brindaba asistencia médica a los heridos en las protestas. “En ese momento supieron de algún herido y se dirigían a atenderlo”, explica a La Razón Blanca Urbina, madre de Cajina, en las afueras de la Delegación de Auxilio Judicial, donde decenas de personas esperan noticias de sus familiares detenidos.

En los hospitales públicos no atienden a los civiles heridos por la policía, como orden de la orteguista ministra de Salud, Sonia Castro, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que algunos médicos, como Cajina y Escobar, decidieron atender a los heridos por su propia cuenta. El 18 de julio fueron presentados como parte de “un grupo de terroristas”.

Además de los médicos, también fue capturado el líder campesino Medardo Mairena —representante en el diálogo nacional que convocó el gobierno—, quien fue acusado de perpetrar una matanza de cuatro policías en Morrito, al sur del país. Otro de los detenidos fue Héctor Arellano, trabajador de la empresa cervecera más grande de Nicaragua, acusado de “financiador de terrorismo”.