El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosigue con su estrategia de desmantelamiento exprés de todo lo construido por Barack Obama. En esta ocasión asestó un golpe contra el intento de su antecesor de privilegiar la presencia de estudiantes hispanos y afroestadunidenses en las universidades del país, ocupadas de manera desproporcionada por estudiantes blancos.

Para lograr este propósito, el mandatario republicano ordenó ayer a su fiscal general, Jeff Sessions, que anulase 24 normas de discriminación positiva.

El titular de Justicia argumenta que esas directivas, firmadas por el mandatario demócrata entre 2009 y 2016 eran “innecesarios”, “desactualizados”, “inconsistentes con la ley existente” e “inapropiados”.

Esa idea comulga con el principio del Partido Republicano de minimizar las regulaciones del Ejecutivo para no restringir la libertad individual.

Discriminación. Frente a ello, los demócratas argumentan que esas medidas son necesarias para resolver la discriminación que durante décadas han sufrido las minorías negra e hispana, que acceden a la universidad en menores proporciones que la población blanca debido al elevado costo de la educación superior.

Según un informe publicado en 2013 por la Universidad Georgetown, los estudiantes blancos acceden cada vez más a instituciones educativas selectas, mientras se estanca la proporción de afroamericanos e hispanos, que sólo aumenta en las universidades públicas.

En junio de 2016, la Corte Suprema reafirmó los criterios de discriminación positiva de las universidades al fallar en contra de una joven blanca, Abigail Noel Fisher, que demandó en 2008 a la Universidad de Texas por no admitirla como alumna al aplicar criterios que dan prioridad a los jóvenes pertenecientes a minorías.