El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, José Emilio Cárdenas Escobosa, negó que su trabajo político en administraciones relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), vaya a afectar su desempeño dentro del Comité Anticorrupción.

En entrevista en la toma de protesta, el funcionario rechazó que en algún momento haya pertenecido a las filas del partido en Veracruz.

“De entrada debo decirles que yo no tengo ninguna afiliación (con el PRI), cuando yo me registré revisaban y yo no soy militante, ni estoy afiliado a ningún partido, sí fui representante y jefe de prensa de un partido (PRI) pero fue invitación”, dijo.

Apuntó que él tiene una trayectoria de 25 años en el servicio público y ha acumulado un “equipaje” que no le condiciona ni le resta autonomía, pues aseguró, siempre ha trabajado con ética personal.

Dejó en claro, que él no cargará con las culpas de las pasadas administraciones estatales, ya que cada quien es responsable de sus actos, por lo que ahora tiene la oportunidad de hacer observaciones a los organismos.

Por otro lado, mencionó que el siguiente paso para dar avance a la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción es instalar el Comité Coordinador, el cual será integrado por distintos actores de los órganos descentralizados y funcionará con recursos del Estado.

Por ello, realizó un llamado a los diputados de la Cámara de Diputados, así como a los del Congreso del Estado de Veracruz para elegir al Fiscal Anticorrupción, para que deje de haber atraso en la consolidación del Sistema Anticorrupción.

De igual forma, dijo que aún no tiene determinado el recurso que se utilizará en este sistema, mismo que tendrá que estar etiquetado en el Presupuesto 2019.

“Varía, en algunos estados están operando con 30 millones mensuales y en otros con 100 millones, depende de las dimensiones del Estado y aquí en Veracruz tenemos que rebajar con los municipios”.

El integrante del comité, dijo que ya empezarán a operar, sin embargo, aún no tienen transferencias para iniciar los trabajos, ya que se requiere hacer una plataforma para conjuntar toda la información del ORFIS, la Contraloría, etcétera, así como otras planeaciones de trabajo.

Al cuestionarle si la necesidad de recursos podría obligar al Gobierno Estatal a condicionarlos, admitió que es un error que los recursos sean transferidos por el Ejecutivo Estatal.

Finalmente, dijo que se podría barrer para atrás y sancionar a los exmandatarios estatales, donde podría ser uno de los primeros temas a revisar el contrato por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) al dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.