En plena veda política, y cuando parecía que las cartas estaban echadas, apareció el presidente Juan Manuel Santos para realizar un anuncio atípico: Colombia formaliza esta semana, en Bruselas, su ingreso a la OTAN. Además, Santos viaja a París, donde el 30 de mayo firmará el acuerdo de ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Este anuncio tiene varios análisis posibles. La OTAN constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los Estados acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. De esta manera, Colombia queda blindada ante posibles amenazas externas; pero también aislada de sus colegas del Sur, al tomar medidas de forma unilateral, acercándose al imperio y a la UE.

Colombia había aceptado en diciembre de 2016 un acuerdo de “mayor cooperación militar” con la OTAN para gestionar el posconflicto con las FARC. A efectos prácticos, el ingreso podría representar una mayor presencia militar estadounidense en el país, con la vista siempre puesta en Venezuela.

De hecho, EU ya utiliza nueve bases militares colombianas, supuestamente para colaborar en la lucha antiterrorista. Acuerdos firmados durante la etapa del expresidente Álvaro Uribe. Si bien las FARC se han disuelto y convertido en partido político, todavía queda la guerrilla ELN y paramilitares, como en Clan del Golfo, en activo, disputándose el territorio en una lucha sangrienta.

El anuncio de Santos se trata de un guiño a la derecha. Duque —al que la oposición acusa de ser un títere de Uribe—, intenta demostrar una imagen de fortaleza. La realidad es que en Colombia nunca ha ganado un candidato de izquierdas porque el colombiano al final, decide por lo seguro, por la firmeza, frente a propuestas que podrían tornarse populistas.

La decisión fue rechazada el sábado por la noche por el gobierno chavista. Para la administración de Nicolás Maduro, Colombia se presta para introducir en la región “una alianza militar externa con capacidad nuclear”, lo que a su juicio, pone en peligro la “posición histórica” de América Latina y el Caribe “de tomar debida distancia de las políticas y acciones guerreristas “para imponer y garantizar la hegemonía de un modelo político y económico en particular”.