Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobaron la segunda etapa del Decreto que reforma la Constitución Política del Estado por el cual se faculta a la Universidad Veracruzana para la presentación de iniciativas ante el Congreso del Estado, en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento.

Este Decreto registró 44 votos a favor. Sin abstenciones o votos en contra.

-Sesiones foráneas, solo por Acuerdo de la mayoría de diputados-

El Pleno aprobó con 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, la segunda vuelta del Decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución local relativo a que el Congreso del Estado podrá cambiar su sede provisionalmente, si para ello existe el acuerdo de las dos terceras partes del total de los diputados presentes, notificándose de dicha determinación a los otros dos Poderes.

-Servidores públicos deberán presentar su declaración patrimonial-

De igual forma, fue aprobado la segunda vuelta del Decreto relativo a la reforma a la fracción XVII del artículo 33, la fracción IX del artículo 71 y el segundo párrafo del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre respecto a que el Congreso deberá llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Legislativo.

Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos internosde control autónomos, los cuales deberán llevar el registro de la situación patrimonialde los servidores públicos municipales, así como desarrollar su función de conformidad con lo que establece la ley.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir la verdad, su declaración patrimonial y de interés, ante el órgano interno de control que corresponda, en los términos que determine la ley. Todo servidor público será responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de su encargo.

Este Decreto registró 44 votos a favor. Sin abstenciones o votos en contra.

En la sesión la LXIV Legislatura declaró aprobado en lo general el Decreto que adiciona el párrafo séptimo al artículo 5 de la Constitución Política del Estado que indica como obligación del Estado el promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades de afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes.

Lo anterior tras el informe de la Secretaría General en el que consta el aval de 145 Ayuntamientos.