Durante la sesión plenaria del Congreso local de hoy lunes, los grupos legislativos del PRI y de “Juntos por Veracruz” presentaron una iniciativa de reforma constitucional para que el Congreso, previa convocatoria pública, sea quien nombre al titular de la Contraloría General del Estado; y que sea el titular del Poder Ejecutivo pueda remover libremente a ese servidor público.

Los legisladores de ambos grupos legislativos proponen que entre las facultades del Congreso del Estado figuren designar, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros presentes, al titular de la Contraloría General del Estado, previa convocatoria que emita para tal efecto, dirigida a instituciones de educación superior, colegios o asociaciones de profesionales en la materia, organismos no gubernamentales y sociedad en general; y, con esa misma mayoría, remover a dicho servidor público, por sí o a solicitud del Gobernador del Estado.

En la exposición de motivos, el diputado priista, Armando López Contreras, manifestó que los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos, en cualquier orden de gobierno y sin importar extracciones partidistas, han lastimado seriamente la credibilidad ciudadana en las instituciones, en el régimen de partidos, en la actividad política, en los representantes populares y, en general, en el Estado de Derecho.

Por ello, es necesario pasar del discurso, muchas veces utilizado sólo con fines político-electorales, a la construcción de un andamiaje jurídico que permita combatir eficazmente la corrupción y un mal asociado a la misma, que es la impunidad.

“Estamos conscientes de que el hecho de que el Ejecutivo pueda nombrar y remover libremente al Contralor General del Estado, como actualmente sucede, no implica necesariamente la permisibilidad de éste hacia prácticas ajenas al verdadero espíritu del servicio público, pero también lo estamos de que un mayor grado de autonomía, que podría derivarse de que su nombramiento provenga de otro Poder, genera la oportunidad de un desempeño independiente, eficaz y en estricto apego a la legalidad”.

Añadió que la ciudadanización del nombramiento del titular del órgano de control interno de la administración pública estatal, en los términos contenidos en la presente iniciativa, contribuirá además a involucrar más a los veracruzanos en los asuntos públicos y particularmente en las decisiones de este Poder, mismo que, al ser depositario de la representación popular, tiene el deber permanente de velar por los intereses colectivos.