Joaquim Torra, presidente regional de Cataluña, nombró a los miembros de su gobierno, incluyendo a presos y exiliados.

Se trata de dos políticos en prisión preventiva y a otros dos instalados en Bélgica y reclamados por la justicia española.

Jordi Turull y Josep Rull, designados consejeros de Presidencia y Territorio y Sostenibilidad, respectivamente, se encuentran en prisión preventiva procesados por un presunto delito de rebelión y malversación de fondos por su participación en el proceso de independencia de Cataluña.

Por su parte, Antoni Comín y Lluis Puig, nombrados consejero de Salud y Cultura, respectivamente, están en Bélgica, el primero también procesado por rebelión y malversación y el segundo por desobediencia y malversación.

La formación del nuevo ejecutivo catalán podría verse bloqueada por el gobierno central español, que mantiene tutelada la región desde el pasado octubre.

El gabinete de Mariano Rajoy ha manifestado sus dudas sobre la legalidad de investir a políticos encarcelados o instalados en el extranjero, e insistido en que el gobierno catalán debe ser "legal y viable".