Con la finalidad de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, el diputado del PVEM, Manuel Francisco Martínez Martínez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política de Veracruz para que el gobierno estatal asigne un porcentaje del 1.5 por ciento del presupuesto estatal anual para promover su desarrollo equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y pluricultural.

El presupuesto aumentará de manera progresiva, tomando como base el presupuesto asignado en el ejercicio presupuestal vigente.

Manifestó que la propuesta se basa en principios doctrinales y los de universalidad, interdependencia, progresividad y no discriminación, propios de los derechos humanos.

En ese sentido, añadió que todos los grupos de población deben ser protegidos jurídicamente a través de las políticas públicas y leyes, con un enfoque de derechos humanos y no discriminación, reconociendo la diversidad cultural, con énfasis en los aportes cotidianos de los pueblos y comunidades indígenas.

El Estado Mexicano, se ha obligado en acuerdos y tratados internacionales a aplicar el principio de progresividad, favoreciendo en todo momento los derechos que más protejan a las personas (principio propersona).

Agregó que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas en los términos establecidos por la ley.

Por lo que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las comunidades indígenas.