En Veracruz existe tres zonas concesionadas a empresas extranjeras para la explotación minera a cielo abierto, principalmente los municipios de Actopan, Alto Lucero y Tuxpan, afectado el patrimonio cultural y biológico del Estado, admitió el investigador Francisco Javier Laborde Dovalí.

“Prácticamente todo Actopan y Alto Lucero están concesionadas a empresas extranjeras, aunque los habitantes de la zona no lo sepan, y de una manera que es legal a pesar de que algunas de estas áreas están en zona protegida”, declaró en la presentación del libro “En Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz" a la FILU 2018, el caso del proyecto de la mina La Paila, municipio de Alto Lucero”.

El investigador, declaró que la explotación minera a lo largo de los años ha dejado “cicatrices permanentes” afectando la arquitectura y morfología de las montañas, la tala inmoderada de árboles en cerros; además de generar problemas de contaminación ambiental que pueden perdurar por siglos.

Señaló que en el caso del proyecto de la mina La Paila, que se localiza en Alto Lucero, esta rodeada por una alta densidad poblacional, agregado a que es unos municipios con alta producción ganadera y de agricultura que podrían resultar muy afectado.

“Veracruz es un estado que nunca ha tenido una extracción de oro en proporciones como se está planteado (…) se debería de preguntar a la sociedad veracruzana si quiere este tipo de proyectos que se supone generan desarrollo y riqueza mismas que no beneficiará a los pobladores sino todo lo contrario”.

Y es que apuntó que, después de realizar estos proyectos, los pobladores serán quienes tengan cargar y pagar el costo ambiental ocasionado, ya que lo que se extrae de las minas ni siquiera se queda en el país.

“La reparación de los ríos, el control de cianuro, el drenaje acido de roca que es explotado de la minería y no se aprovecha; estos temas no están controlados como dicen ellos. Es necesario establecer un diálogo con la sociedad y saber cómo asesorar tanto a los pobladores como a quienes toman la decisión dentro del gobierno del Estado sobre la factibilidad de este tipo de proyectos”.