Un diagnóstico de la Fiscalía General del Estado determinó que la dependencia no cuenta con capacidad institucional para establecer nexos de colaboración efectiva entre las áreas, lo que repercute directamente al ámbito presupuestal, porque las áreas que realizan funciones sustantivas de la institución reciben menos recursos que algunas áreas de apoyo.

En el Plan Institucional 2017-2026 de la FGE se señala que en su organización institucional, mantiene deficiencias en la estructura, coordinación, mando y operación de la institución.

Tampoco cuenta con planteamiento institucional que permita atender eficazmente los delitos de su competencia.

También hay discrepancia entre las funciones sustantivas y adjetivas, con clara predominancia de esta últimas, falta de actualización de la información disponible e inadecuado contenido de la normatividad administrativa.

Y en sus recursos humanos, no se cuenta con perfiles ni con procedimientos de ingreso, evaluación y capacitación actualizados.

La dependencia reconoce que la percepción de las y los veracruzanos en materia de procuración de justicia es básica para el desarrollo de sus derechos fundamentales en forma plena, por lo que se deben redoblar esfuerzos para ganar la confianza ciudadana en la Institución.

Por ello, al interior de la Fiscalía General es necesario establecer mecanismos para redefinir la vinculación de la institución y de su personal con los ciudadanos, propiciando el contacto inmediato con la comunidad que sustente la credibilidad institucional, con servidores públicos de excelencia que brinden servicios de calidad y calidez a los veracruzanos.

Los ejes estratégicos para mejorar la procuración de justicia mediante la Transparencia y Rendición de Cuentas; Modernización e Innovación Tecnológica; Fomento de la Participación Ciudadana; Respeto a los Derechos Humanos; Consolidación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio; y Combate a la corrupción e impunidad.