El gobierno de Birmania anunció ayer la repatriación de una familia de cinco miembros que había huido a Bangladés, junto a otras 690 mil personas de la etnia musulmana, minoritaria en el país, tras una agresión militar del Estado iniciada el pasado agosto.

Esta sería el primer retorno de la población rohinyá que abandonó sus hogares y pertenencias en el estado occidental birmano de Rakáin una vez desatada la crisis humanitaria.

Los cinco regresaron el sábado a un campo de desplazados en la ciudad de Taungpyoletwei, según apuntó el Comité de Información gubernamental, encabezado por la mandataria birmana de facto, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, en una publicación en su perfil de Facebook.

El anuncio de Suu Kyi define a los refugiados como “musulmanes” y agrega que las autoridades migratorias birmanas determinarán “si alguna vez vivieron en el país”.

Birmania no concede la ciudadanía a los miembros de la etnia rohinyá, puesto que los considera migrantes ilegales bangladesíes, pese a vivir en el país por generaciones.

VIACRUCIS. El éxodo rohinyá del territorio birmano comenzó el pasado 25 de agosto tras el asalto contra puestos oficiales por parte de un grupo armado de esta misma etnia y la consiguiente respuesta del ejército, acusado por diversas ONGs de cometer todo tipo de abusos, incluidas ejecuciones, violaciones y quema de casas.

Birmania y Bangladés firmaron en noviembre un acuerdo para comenzar a repatriar a los refugiados a finales de enero, pero el gobierno de Daca lo suspendió a última hora ante la falta de garantías para los retornados.

Representantes de Naciones Unidas han calificado la persecución contra los rohinyás en Birmania de limpieza étnica con “marcas de genocidio” conforme a los testimonios recogidos entre los supervivientes y refugiados, y la semana pasada la ONU aseguró que Birmania no reúne por ahora las condiciones para el retorno de refugiados.

NEGACIÓN TOTAL. La Nobel de la Paz Suu Kyi, así como su gobierno y el ejército, niegan los abusos, y justifican el severo operativo militar como una respuesta legítima ante el asalto de militantes rohinyás a quienes cataloga de “terroristas”.