Implementar un sistema de seguridad social para toda la población en México implicará aumentar el gasto que ya se ejerce en este rubro entre 2 y 4% del PIB, aseguró Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

En entrevista con Excélsior, el experto aseguró que la cifra corresponde a una propuesta que prepara el CEEY para financiar tres aspectos fundamentales para la seguridad social, sin importar el estatus laboral de las personas: un paquete básico de salud que incluye lo que actualmente ofrece el IMSS, una aportación base a pensiones y el pago para un seguro de vida.

El especialista aseguró que el mecanismo para financiar este gasto adicional en seguridad social, que a precios actuales equivaldría entre 435 y 870 mil millones de pesos, descansaría en generalizar el IVA en alimentos y medicinas, a una tasa general de 11%, porcentaje que podría ser menor en la medida en que se pueda aumentar la recaudación de otros impuestos a la riqueza, como lo es el impuesto predial.

De la Torre explicó que la justificación social de un sistema universal a través de más impuestos deberá ir acompañada por un lado, de explicar sus beneficios y por el otro, de un serio compromiso político de rendición de cuentas y cero corrupción en el uso de los recursos.

Entre los beneficios de este esquema se encuentra que ahora toda la población estaría cubierta en el sistema de salud, pensiones y riesgos a la vida, además del impacto económico de reducir la informalidad, porque desaparecerían las contribuciones a la seguridad social.

De la Torre añadió que de acuerdo a las estimaciones del CEEY, la medida tendría impacto positivo en el empleo y en el crecimiento económico del país.

REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD

Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY, explicó que la propuesta que prepara el organismo intenta resolver de raíz uno de los problemas estructurales que eleva los niveles de pobreza en México, que es la alta informalidad.

Manifestó que la propuesta también pretende ser un mecanismo que iguale las oportunidades entre la población ofreciendo un piso mínimo de protección social.

Vélez expresó que con esta medida se podría mejorar la movilidad social en el país, es decir, que los logros en la vida de las personas no estén condicionados a su estatus inicial, situación que es particularmente más grave entre la población más pobre del país.