Provienen de todos lados. De los lugares más opuestos y alejados de Guerrero. Desde llanos hasta sierras selváticas. De zonas frías y cálidas, a más de 2 mil metros de altura o al nivel del mar. Juntos podrían fundar un nuevo municipio, uno creado por quienes se han visto obligados a huir de la violencia en el estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 12 mil 590, de los 185 mil que hay en todo México.

Los datos para documentar el tema saltan de una cantidad a otra, dependiendo de la oficina. El Inegi maneja 12 mil 590 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, la más reciente en su tipo.

La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero registra 528. La Secretaría de Gobierno de Guerrero contabiliza más de 2 mil.

Que 2014 sea el año en que el Inegi levantó su encuesta no es casual. Fue cuando el fenómeno se acentuó para alcanzar su nivel actual. Apenas en enero, 415 habitantes de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, huyeron del pueblo y todavía la mitad de las familias se refugia en una estancia habilitada por el DIF municipal. En ese año también, en respuesta a la emergencia, el Congreso estatal promulgó la ley 487 “para prevenir y atender el desplazamiento interno”, así como para brindar atención a 441 familias en éxodo que aparecían en esos momentos en sus registros.

“Una ley que se ha quedado en pura letra”, asegura Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y coordinador del Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, una organización no gubernamental que acompaña a familias en su trance de un lugar a otro, de una vida a otra.

Manuel habla en el corredor de tierra roja de una casa en tabicón bruto construida en La Unión, en Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero, junto a otras casas que terminaron como una nueva colonia llamada Libertad, formada por desplazados. Niños, ancianos, mujeres y hombres viven ahí desde 2012, cuando huyeron de La Laguna, allá en la sierra de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, a más de 200 kilómetros de este lugar caluroso y húmedo que no es su tierra.

Un cerdo pequeño y rosa trompea amarrado en uno de los horcones que sostiene el techo de palma que cubre del sol a la mayoría de los jefes de familia, están sentados a su alrededor. Los niños festejan sus gruñidos y corren por un poco de maíz para darle de comer. Atrás, media docena de pollos picotean la tierra encerrados en un cercado de malla.

“Él y otros marranos que tenemos allá abajo los fuimos comprando poco a poco, trabajando de peones de albañil, aunque sea, porque el gobierno no nos dio ni una gallina”, dice Bernardo Díaz Pérez, de 40 años, el mayor de los nueve hermanos asentados con sus mujeres e hijos, además del padre. En total son 18 adultos y 36 niños, muchos en edad de ir a la primaria. Caminan por casi media hora desde aquí hasta el pueblo más cercano: La Unión.

Hablar de cerdos y gallinas no es ocurrencia de los pobladores. Los animales de granja son referencia de las condiciones en las que viven desde que llegaron, huyendo de una matanza en 2011. En supuesta respuesta a la emergencia por la que atravesaba el estado fue que se promulgó la ley 487, de la que Manuel Olivares dice que sólo quedó la letra, puesto que el gobierno del estado se desentendió del problema una vez que las familias salieron.