Empresarios del ramo de la construcción consideran que las revisiones y auditorías que realiza la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) son excesivas y provocan “desgaste”, dijo la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alejandra Vega Reyes.

Por ello la cámara trabaja con el organismo para que las empresas se involucren de mejor forma en los procesos y optimizarlos.

“Una obra puede ser auditada dos o varias veces porque en la obra pública pudo haber inversión del gobierno estatal y el municipal y esta situación genera un desgaste del constructor de que ya fue auditado por la parte municipal y luego la estatal. Creemos que debe haber una simplificación”, sostuvo.

En desayuno con empresarios de la cámara, Alejandra Vega Reyes sostuvo que la intención es simplificar y eficientar los procesos de auditoria, iniciando con mesas de trabajo en las que se planteen diferentes propuestas.

“Nos gustaría que los auditores en el proceso de la obra se vean involucrados. En la obra hay cambios de proyecto y tomas de decisiones y para nosotros es importante que el auditor se encuentre en ese momento para que sepa cuáles fueron las razones del cambio, si es que lo hubo.”

No obstante, aclaró que las empresas están comprometidas con la transparencia y el combate a la corrupción.

La empresaria manifestó que para este cometido se trabaja con gobierno del estado y la ESFE en la generación de una propuesta de reforma a la Ley de Obra Pública que esté enfocada a la mejora regulatoria, a fin de optimizar y simplificar la entrega de documentos y requisitos de instancias, entre ellas la Entidad de Fiscalización. Este proyecto implicaría la modificación de 33 artículos.

Por su parte, José Gil Reséndiz, coordinador general de la ESFE expuso que el organismo busca colaborar con mayor cercanía con particulares en los procesos de auditoría, sobre todo de obras públicas, por lo cual invitó a los empresarios del ramo de la construcción a integrarse a un trabajo colaborativo.

“La nueva ley plantea obligaciones a los particulares, ningún particular se ha negado a dar información. A partir de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas los particulares deberán entregar la información solicitada y está facultada la institución para imponer multas cuando haya negativa de entregar información, lo cual también es un delito de corte penal”, indicó.