Con el fin de que los servidores públicos conozcan cuáles son los tipos de faltas tanto graves como no graves y cuáles son las consecuencias de comer los delitos de cohecho y peculado, el presidente de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales de México, Marco Tulio Ramírez Pitta, señaló que es importante que conozcan la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

Precisó que la Ley de Responsabilidades Administrativas señala dos tipos de conducta y las no graves les corresponden atender a los órganos internos de control, en la que se da la investigación, sustentación y faltas administrativas y sanción.

Pero dejó en claro que las graves como son el cohecho y el peculado, las investigará el Orfis y llegará hasta la sustentación y las conocerá el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, siendo la instancia la que los va a resolver.

“Todos podríamos decir hasta el momento, a estas alturas que el nuevo sistema se está implementando y es por eso que en este año se están haciendo estas nuevas instituciones para conocer los asuntos y se resuelvan los delitos como son el cohecho y peculado, por lo que es necesario que los servidores públicos conozcan cuáles son el tipo de faltas no graves y graves y las consecuencias de las mismas”.

Por ello, señaló que la idea es que exista coordinación en los tres niveles de Gobierno para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas, y para ello se establecerán mecanismos electrónicos, plataformas digitales para fortalecer la denuncia y evitar la corrupción.

Finalmente, el también contralor general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Ramírez Pitta, aseguró que en la pasada elección no se detectó ningún tipo de desvío de recursos, por lo que confió en que sucederá lo mismo en esta jornada que se avecina.

“Para los procesos electorales se establecen órganos desconcentrados, pero en mis funciones como órgano interno de control hago una verificación personal a cada consejo y en este caso distrital para este proceso electoral, se practica una revisión de lo que se les paga a los servidores públicos, que tengan los mobiliarios que se señalan en los inventarios y es una revisión establecida en un programa anual de trabajo previamente organizada, planeada y programada”.