El gobernador Miguel Ángel Yines Linares emitió el decreto por el que se condona el pago de derechos de expedición o reposición de Tarjeta Anual de Identificación de Operador de Transporte Público de Pasajeros y el correspondiente Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación.

Los beneficios establecidos estarán en vigor durante el periodo comprendido del 31 de marzo de 2017 al 30 de abril del 2018.

En el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado se señala que a la
fecha los conductores u operadores de las unidades destinadas al servicio del transporte público en el Estado no cumplen con la obligación de contar con la Tarjeta Anual de Identificación de Operador de Transporte Público de Pasajero, la administración estatal condonó el pago de derechos de expedición o reposición de ese documento.

Y por consecuencia, también se condona el Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, causados con motivo de la aplicación del Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte Público en todas sus modalidades y sub modalidades.

Yunes Linares, en el decreto manifiesta que la falta de la Tarjeta Anual de Identificación de Operador de Transporte Público de Pasajero, además de ser una falta administrativa, fomenta la impunidad en la comisión de delitos por parte de aquellos al no poder el usuario identificar al prestador de servicios.

La Secretaría de Finanzas y Planeación estará facultada para la interpretación y ejecución del Decreto, quien implementará el procedimiento para la devolución del pago de los derechos de expedición o reposición de Tarjeta Anual de Identificación de Operador de Transporte Público de Pasajeros, así como el correspondiente Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, a los contribuyentes que hubieren enterado tales conceptos durante el período del 31 de marzo del año pasado a la fecha.

En el decreto se señala que el objetivo de la presente administración, lograr que todos los titulares de concesiones, licencias, permisos o cualquier otro mecanismo jurídico por el que se preste el servicio público en el Estado, regularicen su situación administrativa ante las autoridades competentes y con ello se pueda tener no sólo un padrón vehicular sino también un registro de conductores y operadores completo y confiable, en consecuencia útil para los efectos de combate a la delincuencia así como supervisión de actividades de los citados titulares y sus choferes.