Un juez de la Suprema Corte de Brasil negó este viernes el "habeas corpus" preventivo presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, para evitar su arresto una vez se agoten los recursos, y sometió la decisión final al pleno del Tribunal Supremo.

Con la decisión del magistrado Edson Fachin, serán los 11 jueces que conforman el pleno del Tribunal Supremo los que tendrán la última palabra sobre el caso.

Lula, presidente entre 2003 y 2010, fue condenado el pasado 24 de enero en segunda instancia a doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso relacionado con la operación Lava Jato.

Los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional de Porto Alegre (TRF4) determinaron su arresto inmediato después de agotados los recursos en esa misma corte.

Los abogados del exmandatario ya habían presentado un "habeas corpus" preventivo ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ), pero fue negado por un magistrado de esa misma corte.

Fue entonces cuando la defensa acudió al Supremo, máxima corte del país, con una acción similar para evitar su detención antes de que los recursos sean revisados por tribunales superiores, como el Tribunal Superior de Justicia o el mismo STF.

La defensa de Lula argumenta que una pena no puede ser ejecutada antes de que concluyan todas las fases de apelación, en las cuales sostiene que se puede llegar a demostrar la inocencia de un reo, aún después de que la condena haya sido ratificada en segunda instancia.

Sin embargo, una cautelar de la Corte Suprema adoptada en 2016 permite que una sentencia sea ejecutada al concluir las apelaciones en segunda instancia y aun cuando existan posibilidades de otros recursos en tribunales superiores.

En ese sentido, la situación de Lula pareció complicarse esta semana, después de que un diputado brasileño condenado a prisión en segunda instancia fuese detenido para comenzar a cumplir la pena, lo que puede ser una señal de aviso para el exmandatario, que se encuentra en una situación similar.

El diputado Joao Rodrigues fue arrestado dos días después de que la Primera Sala de la Corte Suprema determinó la ejecución de la pena de cinco años de cárcel que recibió por fraudes en licitaciones públicas, una vez que fue ratificada por un tribunal de segunda instancia.

Rodrigues había apelado contra esa sentencia ante el Supremo, que, en su Primera Sala, y apoyado en decisiones anteriores similares, confirmó que la Constitución brasileña prevé la posibilidad de que una pena comience a cumplirse una vez confirmada por dos tribunales.