La resolución del Parlamento Europeo en torno a la situación de Venezuela plantea la prohibición al presidente de ese país, Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno, de viajar a Europa, así como congelarle bienes como cuentas bancarias y propiedades.

Dichas sanciones son similares a las avaladas el mes pasado para siete altos funcionarios de la nación sudamericana, entre ellos los presidentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena Ramírez, y del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Ello, señala el Parlamento Europeo en un comunicado, por considerarlos culpables de vulnerar los principios democráticos, el Estado de derecho, además de violaciones a los derechos humanos.

Además de Maduro, las sanciones propuestas la víspera por los legisladores europeos alcanzarían al vicepresidente, Tarek el Aissami; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, altos mandos militares, así como a sus familias.

También se plantean acciones contra la empresa gubernamental Petróleos de Venezuela, las cuales no han sido dadas a conocer.

En la resolución del jueves, avalada con 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, los eurodiputados lamentaron la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana de convocar a elecciones presidenciales para el 22 de abril próximo. Criticaron la sentencia del Tribunal Supremo de prohibir a la opositora Mesa de la Unidad Democrática participar en dichos comicios.

El fallo del tribunal venezolano excluye también de participar en el proceso electoral a quienes estén en el exilio, inhabilitados, encarcelados o bajo arresto domiciliario.

En noviembre de 2017, la también llamada Eurocámara avaló un embargo de armamento y de material que pudiera emplearse para acciones represivas en Venezuela.

Además del planteamiento de congelar bienes y cancelar el visado a Maduro y altos funcionarios del régimen venezolano, el pleno del Parlamento Europeo condenó la decisión de las autoridades del país sudamericano de expulsar al embajador de España y declararle “persona non grata”.

También insta a la liberación de presos políticos, denuncia los asesinatos del policía rebelde Óscar Pérez y otros seis agentes, así como el secuestro del opositor Enrique Aristeguieta, a manos de los servicios de inteligencia de Venezuela.