Hoy jueves, en la Gaceta Oficial del Estado, se publica el decreto que autoriza al Poder Judicial incluir a 4 municipios en la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de ciudades judiciales, a través del esquema de Asociación Público-Privada.

El decreto original contemplaba 17 ciudades judiciales en los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

Con la rectificación del decreto, ahora se incluye a los municipios de Álamo-Temapache, Tampico Alto, Naolinco y Las Choapas.

Aunque la inversión total se incrementa de 3 mil 965 millones 173 mil 500 pesos, a 5 mil 100 millones de pesos, más impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento a precios al 28 de septiembre de 2017; y el monto mensual de las obligaciones que deberá cubrir el Poder Judicial en un plazo de 300 meses, se incrementa de 13 millones 217 mil 245 pesos a 17 millones de pesos, más IVA (a precios de 28 de septiembre de 2017).

La inversión en las ciudades judiciales consiste en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y que, según las necesidades de cada municipio en que se construyan, podrán contar con: Juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.

El decreto justifica que los inmuebles y espacios físicos que actualmente albergan los centros de impartición de justicia son arrendados por el Poder Judicial, lo que representa un gasto corriente importante, que impide que los recursos destinados a ello puedan ser utilizados eficientemente en la modernización de los espacios en cuestión.